La buena fe en la Ley de Segunda Oportunidad: la Audiencia Provincial de Bizkaia confirma la exoneración pese a la oposición de la TGSS
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 4ª) de 27 de noviembre de 2024 resuelve un punto clave en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad: ¿puede denegarse la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) a un deudor persona física si no se ha calificado el concurso como culpable, pero existen indicios de mala gestión? La respuesta del tribunal es clara: no, si no se ha abierto la sección de calificación ni existe sentencia que declare la culpabilidad.
Antecedentes del caso
El deudor, persona física autónoma, fue declarado en concurso voluntario. Dado que no existía masa suficiente, el juzgado concluyó el procedimiento concursal por insuficiencia de masa activa. Como prevé el artículo 37 ter del TRLC, se comunicó a los acreedores con más del 5 % del pasivo la posibilidad de solicitar el nombramiento de un administrador concursal para valorar la calificación del concurso. Ningún acreedor lo solicitó.
Posteriormente, el deudor solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho, presentando la documentación legalmente exigida: certificado de antecedentes penales, declaración jurada, consulta al Registro Público Concursal, certificado de rentas, y justificantes de haber requerido información a la TGSS y a la AEAT.
Oposición de la TGSS
La Tesorería General de la Seguridad Social se opuso a la exoneración, argumentando que:
- El concurso podría haber sido calificado como culpable, si se hubiese tramitado la sección correspondiente.
- El deudor había incurrido en negligencia o temeridad, por acumular un pasivo muy elevado (más de un millón de euros) y dejar de pagar las cotizaciones al RETA durante al menos diez meses.
Decisión de la Audiencia
La sentencia confirma la concesión de la EPI y desestima el recurso de apelación de la TGSS, con base en dos argumentos fundamentales:
1. La inexistencia de calificación culpable impide negar la buena fe
El tribunal subraya que el artículo 487 TRLC establece como impedimento para la exoneración la existencia de una sentencia firme que califique el concurso como culpable. En este caso:
- No se designó administrador concursal.
- No se abrió la sección de calificación.
- No existe ninguna resolución que declare la culpabilidad.
Por tanto, no cabe presumir la mala fe del deudor por hipótesis o indicios. La ley exige un pronunciamiento formal.
2. La conducta del deudor no revela negligencia grave
Aunque el pasivo era muy elevado y existía impago de cotizaciones, la Audiencia considera que:
- La falta de cotización en situaciones de insolvencia es habitual y no implica necesariamente mala fe.
- La acumulación de deudas no puede valorarse como temeraria si no se dispone de información suficiente sobre el contexto económico, el acceso al crédito o las posibilidades reales del deudor.
- Además, el TRLC debe interpretarse conforme a su finalidad: permitir la reinserción del deudor en la economía legal, evitar situaciones de exclusión social y fomentar la productividad.
3. No se imponen costas
Dado que la TGSS planteó dudas razonables sobre los hechos, el tribunal no le impone las costas del recurso de apelación (arts. 398.1 LEC y 542.1 TRLC).
Conclusión: una interpretación garantista de la buena fe en la Ley de Segunda Oportunidad
Esta resolución confirma una línea jurisprudencial garantista que interpreta la buena fe del deudor conforme a criterios objetivos y rechaza denegar la exoneración en base a meras suposiciones. En ausencia de una calificación culpable formal, el deudor tiene derecho a la exoneración si cumple con los requisitos documentales y de procedimiento establecidos en el TRLC.